La ordenación del territorio tiene por objeto la organización y acomodación estructural del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante determinaciones, de carácter vinculante u orientativo, reguladoras de los factores condicionantes de la ocupación y utilización del suelo por usos y actividades de ámbito de servicio y trascendencia supramunicipal y formalizadas en los correspondientes instrumentos, en cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 4 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

La ordenación territorial se establece, en el marco de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, mediante los siguientes instrumentos:

1. Las Directrices de Ordenación Territorial.

2. Los Planes Territoriales.

3. Los Proyectos de Interés Regional.

Las Directrices de Ordenación Territorial tienen por objeto la realización de alguno o algunos de los siguientes cometidos para la totalidad o sólo parte del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

1. La formulación del conjunto de determinaciones que ordenen y regulen, con carácter estratégico, los procesos de ocupación del territorio por las distintas actividades económicas y sociales, con especial atención a las infraestructuras energéticas renovables, consolidando y potenciando desde una opción sostenible del desarrollo, la distribución equilibrada de estos procesos en los emplazamientos idóneos y adecuados al interés general de alcance regional.

2. La definición del marco territorial que permita y asegure la integración y coordinación de las políticas sectoriales de las Administraciones Públicas desde el punto de vista de su coherencia en la utilización del suelo en cuanto recurso natural, y constituya la referencia garantizadora de un desarrollo adecuado de la acción urbanística de los Municipios.

3. Prever las acciones territoriales que requieran la acción conjunta de diferentes Administraciones Públicas, estableciendo las bases suficientes para celebrar los convenios o acuerdos de cooperación que resulten necesarios.

Las Directrices de Ordenación Territorial establecen, de conformidad con la finalidad que les es propia según el artículo anterior, todas o algunas de las siguientes determinaciones:

a) Diagnóstico del territorio, expresando los problemas existentes, valorando las tendencias observables sobre su evolución y sus distintas alternativas de tratamiento, así como sus capacidades para contribuir al desarrollo sostenible.

b) Señalamiento, a la luz del diagnóstico anterior, de los criterios generales a los que habrá de acomodarse la acción de las diferentes Administraciones Públicas, marcando los objetivos a alcanzar.

c) Definición del esquema de articulación territorial, identificando sistemas de ciudades, comarcas e hitos naturales, ejes relacionales e infraestructuras.

d) Definición de los criterios territoriales básicos para la localización de infraestructura vertebradora o ambiental, equipamiento y servicios de ámbito o carácter supramunicipal y para el emplazamiento de acciones públicas de fomento al desarrollo, justificando su adecuación a la prioridad de sostenibilidad.

e) Definición de los criterios territoriales básicos que han de presidir la utilización o explotación racional del agua, energías renovables y demás recursos naturales, la protección de los valores ecológicos, el tratamiento de las superficies aptas para la explotación agraria, la protección del patrimonio histórico-cultural, y la intervención de ámbitos sujetos a riesgo catastrófico.

f) Definición de áreas que deban ser objeto de ordenación mediante Planes Territoriales y por razón de la definición de los criterios territoriales básicos, determinando las condiciones y los objetivos a los que habrá de someterse dicha ordenación.

g) Definición de las normas de aplicación general o directa y del régimen de incompatibilidades y prohibiciones, así como de las alternativas o recomendaciones que la acción de las Administraciones Públicas y la iniciativa privada deba respetar.

h) Establecimiento de las condiciones necesarias para el seguimiento de los efectos de las propias Directrices de Ordenación Territorial, así como para la formulación de memorias de gestión en las que se analice el grado de desarrollo de las mismas.

i) Definición de las causas y supuestos que habrán de determinar la adaptación o modificación de las Directrices de Ordenación Territorial.

j) Otras determinaciones que se considere necesario establecer para el mejor cumplimiento por las Directrices de su función legal.

1. Las Directrices de Ordenación Territorial definen los elementos de la organización y estructuración de la totalidad o parte del territorio de Extremadura. Sus determinaciones vinculan, en sus propios términos, a las de:

a) Cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial y planes de ordenación urbanística.

b) Los planes, programas y acciones con incidencia territorial o que supongan la ocupación y utilización de suelo, susceptibles de desarrollo por las diferentes Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias específicas.

c) Las acciones con repercusión territorial o que impliquen aprovechamiento del suelo promovidas por la iniciativa privada.

2. Las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial adoptarán una de las dos siguientes formas:

a) Directrices de aplicación directa, que serán inmediatamente eficaces, incluso en términos de ordenación sustantiva, con independencia de los instrumentos de ordenación del territorio y de los planes de ordenación urbanística que también sean aplicables, prevaleciendo sobre las determinaciones de éstos y las de cualesquiera otras disposiciones de carácter general de inferior rango.

b) Directrices de aplicación indirecta, que tendrán eficacia de segundo grado, integrando el marco que deberá ser respetado por las Administraciones Públicas en el ejercicio, de oficio o a instancia de persona interesada, de la potestad de planeamiento de ordenación del territorio o urbanística o de aprobación de cualesquiera planes, programas, actuaciones o acciones sectoriales.

3. Cuando las Directrices de Ordenación Territorial no precisen el carácter y alcance de sus determinaciones, éstas tendrán el propio de las directrices de aplicación indirecta.

Las Directrices de Ordenación Territorial se expresarán en los siguientes documentos, formalizados en soporte escrito, gráfico y, en su caso, informático:

1. Memoria informativa y justificativa, que deberá incluir:

a) El diagnóstico territorial del ámbito objeto de ordenación, con identificación de los problemas detectados, riesgos ecológicos, potencialidades de desarrollo y sus posibles tendencias de evolución.

b) La exposición y justificación, con arreglo a los objetivos y criterios adoptados, de las soluciones propuestas a los problemas detectados, con especificación de sus posibles alternativas.

c) El análisis de la viabilidad económica de las soluciones adoptadas y de su previsible impacto en el territorio objeto de ordenación.

2. Memoria de directrices, actuaciones y acciones concretas a realizar, identificando el carácter de aplicación directa u orientativo de las primeras y los agentes públicos o privados que deban desarrollar las segundas.

3. Evaluación del impacto ambiental territorial referida tanto al modelo adoptado como a las alternativas al mismo que hayan sido objeto de análisis.

4. Planos, a escala adecuada para la correcta medición e identificación de sus determinaciones y de la difusión de su contenido, tanto de información, expresivos del diagnóstico territorial, como de ordenación, expresivos de las soluciones adoptadas.

1. Los Planes Territoriales tienen como objeto la definición integral o sectorial de los elementos básicos que estructuran un área geográfica determinada, desarrollando para la misma los criterios de ordenación establecidos, en su caso, por las Directrices de Ordenación Territorial. En ningún caso podrán tener ámbito territorial inferior al municipal.

2. Para el cumplimiento de su función, los Planes Territoriales definen un modelo territorial del que resulten:

a) Los objetivos y criterios para la coordinación general del planeamiento municipal, en especial respecto del equilibrio del sistema urbano, la adecuación de la previsión de suelo urbanizable (SUB) y del desarrollo del proceso de su transformación desde el punto de vista del desarrollo sostenible y la ordenación racional del suelo no urbanizable (SNU).

b) Los objetivos de carácter territorial y los criterios de compatibilidad espacial que deban cumplir las actuaciones sectoriales de las diferentes Administraciones Públicas.

c) Las previsiones espaciales precisas, en su caso, para la eventual implantación de Proyectos de Interés Regional.

1. Por razón de su ámbito, los Planes Territoriales pueden ser:

a) Generales, cuando comprendan la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) Parciales, cuando ordenen sólo una parte que, en todo caso, deberá comprender más de un término municipal del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Por razón de su objeto, los Planes Territoriales pueden ser:

a) Integrales, cuando ordenen de modo comprensivo, por relación al conjunto de actividades y usos posibles, el ámbito territorial a que se refieran.

b) Sectoriales, cuando ordenen selectivamente, es decir, por relación a uno o algunos de los usos y actividades posibles, el ámbito territorial a que se refieran.

1. Los Planes Territoriales no podrán clasificar suelo ni sustituir en ningún caso el planeamiento urbanístico en su función propia, de conformidad con la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

2. Cuando los Planes Territoriales modifiquen determinaciones correspondientes a planes territoriales o urbanísticos aprobados, deberán incorporar un anexo que especifique las mejoras en la ordenación que se propone y las razones que las justifican, y establecerán plazos para la adaptación del planeamiento original modificado.

Los Planes Territoriales establecerán las siguientes determinaciones:

a) Definición de los objetivos de la ordenación a partir de los análisis de las tendencias observadas y del ajuste a las Directrices de Ordenación Territorial.

b) Definición de los criterios básicos para la localización de infraestructura vertebradora o ambiental, equipamiento y servicios de carácter supramunicipal, justificando su adecuación a la prioridad de sostenibilidad y su necesidad para la consecución de los objetivos propuestos.

c) Definición de zonas para la ordenación del área geográfica afectada, con los fines de protección y mejora del medio ambiente, de los recursos naturales, y del patrimonio histórico-cultural, estableciendo el programa de acciones según las Administraciones y entidades públicas que por razón competencial deban desarrollar éstas.

d) Definición de los criterios y las normas a los que habrá de ajustarse la ordenación urbanística, señalando aquellas determinaciones que deban ser objeto de adaptación y justificando las alteraciones propuestas, dentro del respeto al marco competencial legalmente atribuido a las entidades locales.

e) Definición de las normas de aplicación general o directa, incompatibilidades, alternativas o recomendaciones que deberá respetar la acción de las Administraciones Públicas y la iniciativa privada.

f) Establecimiento de las condiciones necesarias para el seguimiento de los efectos del Plan Territorial, así como para la formulación de memorias de gestión en las que se analice el grado de desarrollo de las mismas.

g) Definición de las causas y supuestos que habrán de determinar la adaptación, modificación o revisión del Plan Territorial.

h) Otras determinaciones que el Consejo de Gobierno considere necesario establecer para el mejor cumplimiento por el correspondiente plan de su función legal.

El contenido de los Planes Territoriales se expresa en los siguientes documentos, formalizados en soporte escrito, gráfico y, en su caso, informático:

1. Memoria informativa y justificativa comprensiva del desarrollo de las determinaciones establecidas en el artículo anterior y, en concreto:

a) Diagnóstico territorial del ámbito objeto de ordenación, con identificación de los problemas detectados.

b) Descripción y justificación, por relación a los objetivos y criterios adoptados, de las posibles alternativas y de las acciones dirigidas a solucionar los problemas detectados.

c) Análisis de la viabilidad económica de las posibles alternativas y soluciones adoptadas, definiendo la lógica de la programación de las actuaciones planificadas y evaluando su previsible impacto en el territorio objeto de ordenación.

2. Normas de ordenación, determinando su carácter de aplicación directa u orientativo y estableciendo, cuando proceda, la exigencia de formulación de Planes Especiales de desarrollo y la adaptación, en el caso de modificación, del planeamiento territorial o urbanístico ya aprobado.

3. Documentación gráfica y planos, a escala adecuada para la correcta medición e identificación de sus determinaciones y de la difusión de su contenido, tanto de información, expresivos del diagnóstico territorial, como de ordenación, expresivos de las soluciones adoptadas.

1. Los Proyectos de Interés Regional son instrumentos de ordenación del territorio que diseñan, con carácter básico y para su inmediata ejecución, las obras precisas para la implantación y realización de usos o actividades, pudiendo comprender terrenos situados en uno o varios términos municipales y desarrollarse en cualquier clase de suelo siempre que no exista incompatibilidad con la protección que, en su caso, le otorgue la legislación sectorial.

Cuando sean promovidos por personas o entidades privadas o particulares, su interés regional deberá ser expresamente determinado en la declaración de interés regional acordada por el procedimiento previsto en el artículo 114 del presente Reglamento.

2. En la medida necesaria para la consecución de sus objetivos, los Proyectos de Interés Regional pueden clasificar y calificar, modificando, en su caso, la establecida por el planeamiento de ordenación urbanística, los terrenos a que se refieran, destinando en todo caso a uso dotacional público los sistemas generales de la ordenación establecida por el planeamiento municipal.

1. Los Proyectos de Interés Regional pueden tener cualquiera de los siguientes objetos:

a) Infraestructuras de cualquier tipo, comprendiendo las construcciones e instalaciones complementarias precisas o adecuadas para su más completa y eficaz gestión o explotación, destinadas a las comunicaciones terrestres o aéreas; las telecomunicaciones; la ejecución de los planes y obras hidrológicos; la producción, la transformación, el almacenamiento y la distribución de gas; la producción, el transporte y la distribución de energía eléctrica; y otras energías de carácter renovable y la recogida, el almacenamiento, la conducción o el transporte, el tratamiento o el saneamiento, la depuración y la nueva utilización de aguas o de toda clase de residuos, incluidos los urbanos y los industriales.

b) Obras, construcciones o instalaciones, incluida la urbanización complementaria que precisen, que sirvan de soporte o sean precisas para la ejecución de la política o programación regional en materia de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, así como las de dotaciones, equipamientos o establecimientos educativos, de ocio, salud, bienestar social, deporte destinados a la provisión directa a los ciudadanos de bienes o prestaciones de naturaleza análoga, sean de titularidad pública o privada, o, en general, de gran relevancia territorial y ámbito de servicio supramunicipal.

c) Instalaciones para el desarrollo de actividades industriales y terciarias, que tengan por objeto la producción y la distribución o la comercialización de bienes y servicios tales como centros productivos de características especiales que no tengan previsión y acomodo en el planeamiento vigente por su relevancia territorial y ámbito de servicio supramunicipal.

d) Obras o servicios públicos y actuaciones conjuntas, concertadas o convenidas entre las Administraciones Públicas o precisas, en todo caso, para el cumplimiento de tareas comunes o de competencias concurrentes, compartidas o complementarias.

2. Los Proyectos de Interés Regional deberán asegurar en todos los casos el adecuado funcionamiento de las obras e instalaciones que constituyan su objeto, mediante la realización de cuantas otras sean precisas tanto para la eficaz conexión de aquéllas a las redes generales correspondientes, como para la conservación, como mínimo, de la funcionalidad de las infraestructuras y los servicios ya existentes.

3. Todas las obras, los servicios, las infraestructuras y las instalaciones contemplados en los números anteriores deberán cumplir, en cuanto a las dimensiones y demás características, los requerimientos de la legislación sectorial que les sea de aplicación.

1. Los Proyectos de Interés Regional deberán establecer las siguientes determinaciones:

a) Justificación de su interés regional mediante la clara identificación de su objeto y la argumentación de su adecuación y respeto a los principios y fines de la actuación pública con relación al territorio.

b) Fundamentación, en su caso, de la utilidad pública o el interés social, según proceda, de su objeto.

c) Localización de las obras a realizar mediante la delimitación de su ámbito y descripción de los terrenos en él comprendidos.

La delimitación del ámbito deberá referenciar el término o términos municipales en que se sitúen las obras proyectadas, así como las características de los terrenos tanto físicas, incluidas las topográficas, geológicas y de vegetación, como jurídicas relativas a la estructura de la propiedad y los usos y aprovechamientos existentes.

d) Administración pública o persona física o jurídica privada, promotora del Proyecto, con precisión, en todo caso, de todos los datos necesarios para su plena identificación.

En el caso de personas jurídicas privadas, la identificación deberá completarse con la aportación de copia de la escritura de constitución o modificación, debidamente inscrita, cuando así lo exija la legislación aplicable, en el Registro oficial correspondiente.

e) Descripción precisa y justificación suficiente de las características técnicas del Proyecto, así como de las repercusiones socioeconómicas y ambientales previsibles de su ejecución.

f) Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases en que se divida la ejecución.

g) Estudio económico-financiero justificativo de la viabilidad del Proyecto por relación al coste total previsto, con indicación de la consignación de partida suficiente en el capítulo de gastos del presupuesto correspondiente al primer año de la ejecución en caso de promoción pública, así como, en todo caso, de los medios, propios y ajenos, en la disposición de la entidad o persona responsables de dicha ejecución para hacer frente al referido coste.

Cuando el promotor sea una persona o entidad privada sus medios económicos o/y financieros deberán acreditarse en la forma prevista por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.

h) Determinación de la forma de gestión a emplear para la ejecución del Proyecto, de acuerdo con los sistemas de gestión previstos legal y reglamentariamente.

i) Previsiones resultantes de los estudios geotécnicos y de impacto ambiental, cuando unos u otros sean exigibles de acuerdo con la legislación aplicable.

j) Conformidad o no a la ordenación urbanística en vigor aplicable a los terrenos comprendidos por el Proyecto, con identificación precisa, en su caso, de las previsiones de dicha ordenación que resulten directamente alteradas por las del Proyecto y determinen la adaptación del planeamiento de ordenación urbanística.

Cuando la alteración o innovación prevista pudiera, por las características de su incidencia en la ordenación urbanística municipal, originar dificultades en la correcta aplicación de ésta en el período que medie entre la aprobación del Proyecto y la adaptación de aquella ordenación, además, las previsiones estrictamente indispensables para resolver satisfactoriamente las referidas dificultades en el entorno inmediato de los terrenos afectados; previsiones, que formarán parte de la ordenación urbanística municipal, a título de normas transitorias complementarias, hasta que tenga lugar la adaptación de ésta.

k) Obligaciones asumidas por el promotor, que deberán incluir como mínimo las siguientes:

1º Las correspondientes a los deberes legales derivados de la clase de suelo afectado por las determinaciones del Proyecto.

2º Las de integración de todos los terrenos que deban otorgar soporte a las obras e instalaciones objeto del Proyecto en una única finca jurídico civil y de su afectación real, con prohibición de su división en cualquier forma, al destino objetivo prescrito por el Proyecto, con inscripción registral de las dos obligaciones antes de la conclusión de la ejecución del Proyecto, en el caso de tratarse de uno de los Proyectos a que se refiere la letra c) del artículo 20 del presente Reglamento.

l) Garantías que en su caso se presten y constituyan, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la letra anterior del presente artículo, en los plazos a que se refiere la letra f).

m) Cualesquiera otras determinaciones que vengan impuestas por disposiciones legales o reglamentarias.

El contenido de las determinaciones prescritas en las letras del párrafo anterior podrá ser modulado y, en todo caso, precisado por Decreto de la Junta de Extremadura, acordado a propuesta de su Vicepresidencia y a iniciativa de la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio.

2. Las determinaciones de los Proyectos de Interés Regional deberán ajustarse a las de las Directrices de Ordenación Territorial y a los Planes Territoriales de aplicación a los terrenos afectados por aquéllos.

1. El contenido de los Proyectos de Interés Regional se expresará en los siguientes documentos, formalizados en soporte escrito, gráfico y, en su caso, informático:

a) Memoria, que deberá incluir como mínimo:

1º Estudio de las características físicas generales de los terrenos afectados por las obras proyectadas.

2º Justificación de la conformidad de la actuación y de las obras proyectadas con los principios y fines de la acción pública con relación al territorio.

3º Estructura jurídica de la propiedad de los terrenos.

4º Determinaciones de ordenación del territorio y urbanísticas aplicables a los terrenos, conforme a los instrumentos de ordenación del territorio y planes de ordenación urbanística vigentes.

5º Impacto territorial de la actuación y de las obras previstas por el Proyecto en el ámbito supramunicipal, con especial referencia, en su caso, a la necesidad de reclasificar o/y recalificar la totalidad o parte de los terrenos afectados.

b) Proyecto técnico, en su caso básico, de la actuación a realizar, suscrito por facultativo competente legalmente por razón de las características de ésta, que deberá precisar todas las obras necesarias para la eficaz conexión de las que integren el objeto de aquél con las correspondientes redes generales de servicios locales o regionales, así como las igualmente necesarias, en su caso, para mantener la operatividad y calidad del servicio prestado por las infraestructuras existentes.

Cuando se trate de actuaciones complejas, el proyecto técnico básico podrá o, en su caso, deberá ser complementado, por fases o edificaciones, por los correspondientes proyectos técnicos idóneos para legitimar las diferentes obras, sean públicas o privadas.

c) Normas Complementarias Transitorias de la ordenación urbanística en vigor, para su vigencia hasta la adaptación del planeamiento urbanístico a las previsiones del Proyecto, cuando éstas comporten la reclasificación o/y recalificación de los terrenos.

d) Estudio justificativo de la viabilidad económico-financiera del Proyecto.

e) Análisis geotécnico y estudio de impacto ambiental, cuando uno u otro sean exigibles legal o reglamentariamente por razón del objeto del Proyecto.

f) Documento de asunción expresa, fehaciente y en firme por el promotor del Proyecto de Interés Regional de todas las obligaciones que comporte la ejecución de la actuación.

En el caso de actuaciones complejas a realizar por fases o edificaciones independientes, este documento establecerá la estrategia de ejecución y diferenciará las obligaciones públicas y privadas según el desarrollo de las diversas obras, conteniendo sólo la asunción de aquellas que se deriven directamente para el promotor del proyecto básico. Los ulteriores proyectos técnicos que legitimen la ejecución de las diferentes obras deberán contener la asunción de las obligaciones que para el correspondiente promotor resulten de éstas.

Cuando el promotor del Proyecto sea una persona o entidad privada o particular, este compromiso deberá formalizarse en un convenio suscrito por aquél con la Junta de Extremadura, en el que deberán precisarse las obligaciones concretas y los plazos que para su cumplimiento asume el promotor, las garantías que preste y, en su caso, las penalizaciones a que se someta para el caso de incumplimiento, las cuales nunca serán inferiores a las establecidas por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.

Cuando el promotor del Proyecto sea una Administración pública, un organismo público dependiente o adscrito a una Administración pública o una entidad cuyo capital sea íntegra o mayoritariamente público, este documento consistirá en un pliego enumerativo de los compromisos asumidos por la Administración Pública, el organismo o la entidad correspondiente para la ejecución del Proyecto.

g) Planos a escala adecuada para la correcta medición e identificación de sus determinaciones y de la difusión de su contenido integrada, y, como mínimo, los siguientes:

1º Planos de información expresivos de las características naturales, físicas y topográficas actuales de los terrenos afectados por el Proyecto, así como la clasificación y calificación urbanística de acuerdo con el planeamiento vigente, incluyendo la red de infraestructuras viarias y demás servicios urbanísticos existentes.

2º Planos de ordenación urbanística concreta y de su desarrollo, incluyendo los correspondientes al proyecto o proyectos técnicos de todas las obras necesarias para la correcta ejecución del Proyecto, así como para la eficaz conexión de aquéllas con las correspondientes redes generales de servicios y las igualmente necesarias, en su caso, para mantener la operatividad y calidad del servicio prestado por las infraestructuras existentes.

2. El contenido de los documentos previstos en el número anterior podrá ser modulado y, en todo caso, precisado mediante Decreto de la Junta de Extremadura acordado a propuesta de su Vicepresidencia y a iniciativa de la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio.

La ordenación urbanística tiene por objeto la disposición de los usos concretos del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable para la idónea configuración de los espacios urbano, rústico y natural y el eficaz y funcional desarrollo en ellos de las actividades públicas y privadas conformes con el destino del suelo, previendo, organizando y programando, cuando proceda, los procesos pertinentes de transformación del suelo mediante la urbanización y la edificación.

1. La ordenación urbanística se integra por determinaciones de ordenación estructural y ordenación detallada.

2. Son determinaciones de ordenación estructural las referidas a los elementos y aspectos definitorios del modelo territorial establecido por el planeamiento municipal.

3. Son determinaciones de ordenación detallada las que, desarrollando y, en su caso, complementando las de ordenación estructural, completan las previsiones de la ordenación urbanística.

Tienen la condición de determinaciones de ordenación estructural las siguientes:

1. La fijación de las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio, previendo la expansión urbana a medio plazo, en especial para la reserva de suelo con destino a dotaciones e infraestructuras públicas sobre la base de criterios explícitos de sostenibilidad que garanticen su equilibrio y calidad, y justificando su adecuación a los instrumentos de ordenación del territorio.

2. La clasificación del suelo, con delimitación de las superficies adscritas a cada una de las clases y las categorías de suelo adoptadas.

3. Señalamiento indicativo del perímetro geométrico de sectores y unidades de actuación urbanizadora en áreas de reforma interior y de desarrollo en el suelo urbano no consolidado, así como de desarrollo en el suelo urbanizable, con la finalidad de su adecuación racional y armónica a la estructura urbana y viaria propuesta, determinando la secuencia lógica de su desarrollo a través de la definición concreta de las condiciones objetivas que legitimen la incorporación de las actuaciones al proceso de urbanización, estableciendo un orden básico de prioridades y regulando los requerimientos que deban cumplirse para que sea posible su programación.

4. Establecimiento de usos globales y compatibles y definición de las intensidades edificatorias y densidades residenciales máximas para las parcelas localizadas en cada zona de ordenación territorial y urbanística, así como la delimitación de las áreas de reparto y fijación del aprovechamiento medio que les corresponda en el suelo urbanizable y, en su caso, en el suelo urbano.

5. Tratamiento conforme a la legislación reguladora correspondiente y para su protección y funcionalidad de los bienes de dominio público no municipal.

6. Ordenación de los establecimientos y de las actividades susceptibles de generar tráfico intenso o problemas de aparcamiento, tales como grandes superficies comerciales u otras actividades de uso terciario de análoga trascendencia.

7. La ordenación de la localización, las distancias a otros usos y demás previsiones urbanísticas exigibles conforme a la normativa aplicable de los establecimientos, las instalaciones y las actividades en donde se produzcan, utilicen, manipulen o almacenen sustancias peligrosas.

8. Determinación de la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que asegure la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico, garantizando la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. Esta red de reservas debe comprender como mínimo las precisas para:

a) Parques y jardines públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles futuras, que en los Municipios de más de 5.000 habitantes de derecho, nunca será inferior a cinco mil metros cuadrados por cada 1.000 o fracción de 500 o más habitantes, existentes y potenciales previstos por el planeamiento, y en los Municipios comprendidos entre 3.000 y 5.000 habitantes nunca será inferior a dos mil metros cuadrados por cada 1.000 o fracción de 500 o más habitantes, existentes o potenciales previstos por el planeamiento. En los Municipios con población inferior a los 3.000 habitantes de derecho este tipo de reserva no estará sujeto a mínimo alguno.

b) Equipamientos y redes de transporte, comunicaciones y servicios de titularidad o carácter supramunicipal, con esquema indicativo de su funcionamiento.

c) Señalamiento de los sistemas generales de infraestructuras, espacios libres, jardines y otras dotaciones de cualquier índole y titularidad que, por su función o destino específico, sus dimensiones o su posición estratégica, integren o deban integrar la estructura del desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes.

d) Terrenos dotacionales, cuya ubicación y configuración convenga definir en tanto que condicionante de la forma de las parcelas y los edificios que puedan ejecutarse en su entorno.

e) Vías públicas y demás infraestructuras que presten servicio y comuniquen entre sí las dotaciones previstas en las letras precedentes para su integración en una red coherente.

9. La delimitación, categorización y ordenación del suelo no urbanizable (SNU).

10. Los objetivos a considerar en la formulación de los instrumentos de desarrollo del plan, con señalamiento de usos dominantes, incompatibles e intensidades globales para el suelo urbano (SU) sujeto a operaciones de reforma interior y las unidades de actuación delimitadas para el desarrollo del suelo urbano no consolidado (SUNC) y el suelo urbanizable (SUB), así como la determinación del aprovechamiento medio de los distintos sectores.

11. Las previsiones precisas para garantizar el destino final de parte de los terrenos de suelo urbano (SU) o suelo urbanizable (SUB) sujetos al régimen de actuaciones urbanizadoras a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que, cuando menos, habilite a la Administración para tasar su precio. La cuantificación de la superficie vinculada al expresado destino final deberá basarse en un análisis riguroso de las características de distribución de la demanda por niveles de ingresos de la unidad familiar y por tramos de edad en función del modelo asumido por el Plan.

Podrá destinarse igualmente parte del suelo urbano (SU) o del suelo urbanizable (SUB) a otros usos de interés social a los que sea aplicable, en virtud de cualquier título público, un régimen de precio tasado de venta o alquiler, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades previsibles en el primer decenio de vigencia del Plan. La cuantificación de la superficie con tal destino deberá basarse en la oportunidad de incentivar la actividad social o económica correspondiente.

En todo caso, y como mínimo, deberá vincularse a los destinos a que se refiere el primer párrafo del presente número la superficie de suelo precisa para la realización del 25% del aprovechamiento objetivo para uso residencial atribuido en cada unidad de actuación.

Tienen la condición de determinaciones de ordenación detallada las siguientes:

1. El diseño de la red secundaria de reservas de suelo dotacional público no integrado en la red básica de reservas.

Esta red comprenderá, para la totalidad del suelo urbano (SU), urbanizable (SUB) y, en su caso, no urbanizable (SNU), las reservas de espacios públicos y el trazado de las vías de comunicación propias de cada sector o unidad de actuación, debiendo quedar precisados los siguientes elementos: delimitación perimetral, alineaciones, cotas de rasantes principales y características del enlace con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General Municipal, de acuerdo con la secuencia lógica del desarrollo prevista en el número 3 del artículo anterior.

2. La definición, en cada una de las zonas de ordenación urbanística, de los usos pormenorizados y las ordenanzas tipológicas expresivas de la altura, el número de plantas sobre y bajo rasante, retranqueos, volúmenes y otras previsiones análogas, mediante formulación propia o efectuada por remisión a los correspondientes Criterios de Ordenación Urbanística.

3. La fijación de reservas para dotaciones públicas de sistema local cumpliendo los estándares mínimos establecidos en los artículos 27, 28 y 30 del presente Reglamento y artículo 74 de la LSOTEX.

4. La delimitación, conforme con la contenida con carácter indicativo en la ordenación estructural, de las unidades de actuación urbanizadora.

5. La precisión, para cada uno de los sectores o de las unidades de actuación, de las características y el trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica y de aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el Plan General Municipal, así como la resolución de su eventual enlace con las redes municipales existentes.

6. La parcelación de los terrenos o el régimen al que deba ajustarse su parcelación en función de las tipologías edificatorias previstas para cada zona de ordenación urbanística.

1. La edificabilidad atribuida a los terrenos clasificados como suelo urbano (SU) y calificados para uso global residencial, no podrá superar un metro cuadrado de edificación por cada metro cuadrado de suelo (1 m2t/m2s), aplicado a todo el núcleo urbano o a la totalidad de cada una de las zonas de ordenación urbanística de uso global residencial.

2. Cuando la edificación ya existente o prevista al tiempo de la aprobación del planeamiento que realice la clasificación y calificación a que se refiere el número anterior supere ya el índice de edificabilidad global residencial de 1m2t/m2s, dicho planeamiento no podrá incrementar la existente o prevista, debiendo procurar su disminución mediante la disposición de reservas dotacionales públicas adicionales.

3. Cuando la edificación ya existente o prevista al tiempo de la aprobación del planeamiento que realice la clasificación y calificación a que se refiere el número 1 no alcance aún el límite de 1 m2t/m2s, dicho planeamiento, caso de permitirlo así los criterios de sostenibilidad a que responda el modelo territorial establecido, podrá atribuir incrementos de edificabilidad con respecto a la existente, siempre que no supere el límite anteriormente establecido. En tal caso deberán preverse, tanto en solares como en terrenos integrados en unidades de actuación, reservas dotacionales en las zonas de ordenación urbanística de uso global residencial, con un mínimo de 35 metros cuadrados de suelo (m2s) con destino dotacional público, excluido el viario, por cada 100 metros cuadrados de techo potencialmente edificables (m2t) que se adicionen a los existentes o previstos, de los cuales 15 m2s deberán dedicarse a zonas verdes y el resto a equipamientos públicos.

Las reservas dotacionales a que se refiere el párrafo anterior se realizarán en todo caso y con independencia de lo establecido en el número 4 del artículo 80 de la Ley del Suelo y de Ordenación Territorial de Extremadura.

4. En las zonas de ordenación urbanística de uso global industrial o terciario cuya edificabilidad se incremente por el planeamiento urbanístico con respecto de la existente, deberán preverse reservas dotacionales públicas, excluido viario, bien en solares o en terrenos integrados en unidades de actuación, en la cantidad resultante del siguiente producto:

(0,15 m2s / m2t) × ∆E m2t

Donde m2s expresa metros cuadrados de suelo con destino dotacional público, m2t define m2de techo potencialmente edificable y ∆E m2t es el incremento de edificabilidad expresado en m2de techo.

De la reserva total se destinarán dos tercios a zonas verdes.

5. Para todo el suelo urbano, considerado bien por núcleos urbanos, bien por zonas de ordenación urbanística, deberán preverse reservas de suelo para aparcamientos de uso público en áreas anexas al viario o en edificaciones o parcelas concretas, en la proporción mínima de 1 plaza por cada 200 m2t edificables de cualquier uso.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29, deberá destinarse a viviendas sujetas a protección pública, de régimen especial y general en proporción del 50% y 50%, la superficie precisa para realizar, como mínimo, el 25% del aprovechamiento objetivo para uso residencial atribuido a cada unidad de actuación en suelo urbano (SU).

7. Las reservas de dotaciones anteriormente cuantificadas, habrán de ubicarse de forma apropiada en las áreas, con una correcta adaptación al entorno, observándose en su diseño los factores ambientales fundamentales, principalmente el soleamiento, vientos, temperatura y humedad. Todo ello para obtener de forma efectiva dotaciones y espacios públicos con calidad urbana.

1. La ordenación urbanística de cada sector de suelo urbanizable (SUB) deberá respetar las siguientes reglas:

a) La densidad y la edificabilidad en sectores de uso global residencial, no podrán superar los siguientes valores: 65 viviendas por hectárea y 0,90 m2/m2, en los Municipios con población de derecho superior a 25.000 habitantes; 50 viviendas por hectárea y 0,70 m2/m2, en los Municipios con población de derecho comprendida entre 2.000 y 25.000 habitantes; y 35 viviendas por hectárea y 0,50 m2/m2en los Municipios con población de derecho inferior a 2.000 habitantes. La edificabilidad incluirá tanto la correspondiente al uso residencial, terciario, como a los compatibles con éstos.

b) La reserva de suelo para dotaciones públicas, excluido el viario, no podrá ser inferior a 35 metros cuadrados de suelo (m2s) por cada 100 metros cuadrados de techo potencialmente edificable (m2t) en sectores de uso global residencial. De ellos deberá destinarse a zonas verdes un mínimo de 15 m2s por cada 100 m2t de superficie que nunca será menor del 10% de la superficie de la actuación, descontada la correspondiente a los sistemas generales adscritos o incluidos.

Se destinará a equipamientos públicos un mínimo de 20 metros por cada 100 de techo potencialmente edificables, con independencia de lo establecido en el número 4 del artículo 80 de la Ley del Suelo y de Ordenación Territorial de Extremadura. Con el objeto de racionalizar la dimensión de los ámbitos de urbanización que se incorporen a la ciudad y las superficies relativas a las reservas de equipamientos, en concreto las de uso educativo, se procurará que los sectores no tengan una capacidad menor a las 350 viviendas, sin perjuicio de su desagregación en unidades de actuación menores para facilitar su programación y ejecución por fases.

c) La reserva de suelo dotacional público, excluido el viario, en sectores de uso industrial o terciario será como mínimo del quince por ciento de la superficie ordenada. En todo caso, se destinarán dos tercios de dicha reserva a zonas verdes.

d) La previsión de plazas de aparcamientos deberá hacerse en los siguientes términos:

d.1. Plazas de carácter privado, en la siguiente proporción:

d.1.1. En sectores de uso global residencial, 1 plaza por cada 100 metros cuadrados edificables en conjuntos de vivienda de superficie media inferior a 120 metros cuadrados edificables y de 1,5 plazas por cada 100 metros cuadrados edificables para viviendas de mayor superficie.

d.1.2. En sectores de uso global industrial o terciario, las necesarias para el uso específico a que se les destine y que en ningún caso resultarán inferiores a 1 plaza por cada 100 metros cuadrados de superficie construida.

d.1.3. Estas dotaciones podrán localizarse aneja o no al viario, siempre adicional a la reserva mínima del apartado 2º del presente artículo.

d.2. Plazas de carácter público, a localizar en espacios públicos anejos o no al viario, en número equivalente a una plaza por cada 200 m2de techo potencialmente edificable, debiendo cumplirse las reservas mínimas de plazas que establezca la legislación vigente en materia de accesibilidad.

e) Las nuevas planificaciones urbanas en el suelo urbanizable habrán de considerar los factores precisos para actuar como correctores del microclima urbano, mediante un adecuado diseño y ubicación de las dotaciones y espacios libres. Estudiando las relaciones entre edificaciones y vacíos urbanos en función a los factores ambientales fundamentales, principalmente el soleamiento, vientos, temperatura y humedad. Todo ello para obtener de forma efectiva dotaciones y espacios públicos con calidad urbana.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29, deberá destinarse a viviendas sujetas a protección pública, de régimen especial y general en proporción del 50% y 50%, la superficie precisa para realizar, como mínimo, el 25% del aprovechamiento objetivo para uso residencial atribuido a cada unidad de actuación en suelo urbanizable (SUB).

Por resolución motivada de la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, dictada previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, se podrá:

1. Permitir el uso y, en su caso, la explotación privados, manteniendo su destino urbanístico, de hasta el 50% de la superficie correspondiente a las dotaciones públicas previstas en los dos artículos anteriores en:

a) Sectores y actuaciones urbanizadoras autónomos de carácter turístico o de ocupación estacional y de tipología residencial unifamiliar con densidad inferior a 10 viviendas/ha.

b) Complejos industriales aislados.

La autorización se entenderá legalmente otorgada sin perjuicio de la persistencia de la vinculación de los terrenos al destino dotacional público, vinculación que se hará constar en la inscripción registral de éstos.

Cualquier cambio en la situación de los sectores, actuaciones o complejos a que se refiere el párrafo primero, así como innovación en su ordenación urbanística, que supongan pérdida de las características determinantes de la autorización del uso y explotación privadas de parte de las reservas para dotaciones públicas, determinará la caducidad de dicha autorización. Cuando la caducidad se produzca por cambio en la situación real, deberá declararse previo procedimiento en el que se dará audiencia a los interesados. En otro caso, la aprobación de la innovación urbanística comportará de suyo la caducidad y la plena afectación de los correspondientes terrenos al dominio público.

2. Eximir parcial y justificadamente del cumplimiento de las reservas mínimas que, por incompatibles con la consolidación, resulten impracticables, en las zonas de borde inmediatas al suelo urbano consolidado. Esta exención se acordará sólo en lo estrictamente preciso para ultimar la trama urbana en coherencia formal y funcional de sus condiciones históricas.

3. Elevar los límites máximos establecidos en la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, cuando circunstancias especiales suficientemente motivadas y justificadas así lo aconsejen, hasta 75 viviendas por hectárea y 0,90 metros cuadrados por metro cuadrado de suelo de uso residencial o terciario en los Municipios con población de Derecho superior a 25.000 habitantes y hasta 50 viviendas por hectárea y 0,70 metros cuadrados por metro cuadrado de uso residencial o terciario en todos los restantes Municipios.

4. Eximir del cumplimiento del estándar de vivienda de protección pública en determinadas unidades de actuación en suelo urbano, o permitir su cumplimiento agregado en determinados sectores de suelo urbanizable, así como eximir o permitir el cumplimiento agregado de la reserva de vivienda a practicar en algún régimen de protección.

1. A los efectos de los artículos anteriores, las zonas verdes se califican según alguna de las siguientes categorías:

a) Áreas de juego (AJ): las que, teniendo una superficie mínima de 200 metros cuadrados, permitan la inscripción de un círculo de 12 metros de diámetro.

b) Jardines (J): las que, teniendo una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados, permitan la inscripción de un círculo de 30 metros de diámetro.

Ello no obstante, cuando, en el suelo urbano, el nivel de consolidación por la edificación impida cualquier otra opción y así se justifique debidamente, podrán disminuirse en lo estrictamente necesario los referidos parámetros siempre que se respeten los establecidos en la letra a).

c) Zonas de Acompañamiento al Viario (ZAV): las que, de forma complementaria a la constitución de los jardines a que se refiere el primer párrafo de la letra anterior, se establezcan por el planeamiento siempre que cuenten con una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados y una anchura no inferior a 12 metros.

No obstante, podrán constituirse Zonas de Acompañamiento al Viario (ZAV) sin necesidad de establecerse jardines con el dimensionamiento requerido en el primer párrafo de la letra b) cuando, tratándose de suelo urbano, el nivel de consolidación por la edificación impida cualquier otra opción y así se justifique debidamente.

d) Parques (P): las que teniendo una superficie mínima de una hectárea permitan la inscripción de un círculo de 50 metros de diámetro.

En cualquier caso, las reservas de suelo para zonas verdes deberán:

a) Ubicarse en localizaciones que presten el mejor servicio a los residentes y usuarios, estando prohibidas las de difícil acceso peatonal o cuya falta de centralidad no se compense con otras ventajas para aquellos.

b) Tener garantizado su posible soleamiento en relación a la edificación circundante.

c) Poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales.

2. Los equipamientos públicos a que se refieren los artículos anteriores, atendiendo al uso a que deban ser destinados, podrán ser calificados en el planeamiento o en el momento de su vinculación definitiva por la Administración actuante a cualquiera de los siguientes destinos públicos:

a) Educativo (ED): Centros docentes y de enseñanza en todos sus niveles.

b) Cultural-deportivo (C-D): Bibliotecas, museos, instalaciones para la práctica del deporte y otros servicios de análoga finalidad.

c) Sanitario-asistencial (S-A): Instalaciones y servicios sanitarios y de asistencia y bienestar social.

d) Administrativo-institucional (A-I): Sedes institucionales y dependencias administrativas, judiciales, militares y otras de análoga finalidad.

e) Infraestructuras-servicios urbanos (I-S): Instalaciones de protección civil, seguridad ciudadana, mantenimiento del medio ambiente, cementerios, abastos, infraestructuras de transporte, comunicaciones y telecomunicaciones.

3. La previsión de realizar las reservas, así como la determinación de las dimensiones y superficies mínimas de los equipamientos públicos destinados a centros educativos y sanitarios serán las establecidas por las Consejerías competentes por razón de la materia. A estos efectos y para actuaciones de uso residencial, en el trámite de información pública del procedimiento de aprobación del planeamiento de desarrollo establecido por los artículos 124.3 y 126.3, la Administración actuante solicitará informe a las citadas Consejerías sobre la necesidad de realizar las reservas de suelo correspondientes a dichos usos en la Actuación, así como sobre sus requerimientos funcionales, tales como dimensiones, ubicación y accesos.

4. La planificación y el diseño de los distintos espacios libres y equipamientos descritos, habrán de orientarse a la realización de una red integrada que permita relacionarlos entre sí, primando para ello los recorridos peatonales sobre los rodados y con un reflejo en la estructura urbana capaz de corregir o moderar las condiciones ambientales deficientes o inapropiadas.

El aprovechamiento objetivo o aprovechamiento real es la cantidad de metros cuadrados de construcción no destinada a dotaciones públicas, cuya materialización permite o exige el planeamiento urbanístico en un solar, una parcela o una unidad rústica apta para la edificación.

El aprovechamiento subjetivo o aprovechamiento susceptible de apropiación es la cantidad de metros cuadrados edificables a que tiene derecho el propietario de un solar, una parcela o una unidad rústica apta para la edificación, cumpliendo los deberes legales y sufragando el coste de las obras de urbanización que correspondan. El aprovechamiento subjetivo se expresa en términos de porcentaje del aprovechamiento medio atribuido en cada caso legal y reglamentariamente.

1. Los sectores son los ámbitos propios de los Planes Parciales de Ordenación y en los que éstos cumplen su función de establecimiento de la ordenación urbanística detallada.

2. Los sectores deberán delimitarse a partir y sobre la base de la incorporación de viarios completos, tanto de la red básica como de la red secundaria, ejes medios de manzana o elementos fisiográficos de relevancia que adecuen su perímetro de manera racional a la estructura urbana y territorial propuesta, sin que en ningún caso su trazado pueda tener como exclusivo propósito el ajuste a lindes de la propiedad.

1. Las unidades de actuación urbanizadora delimitan el ámbito espacial de una actuación urbanizadora o de una de sus fases, debiendo incluirse en ellas los suelos dotacionales precisos para su ejecución racional y las parcelas edificables que, como consecuencia de éstas se transformen en solares.

2. En suelo urbano (SU) las unidades de actuación urbanizadora podrán ser discontinuas y su delimitación voluntaria en suelo urbano consolidado.

3. En el suelo urbanizable (SUB) el Plan Parcial de Ordenación incluirá en una o varias unidades de actuación urbanizadora todos los terrenos del sector, salvo, en su caso, los destinados a sistemas generales.

4. La delimitación de las unidades de actuación urbanizadora deberá contenerse en los Planes Generales y adecuarse a los criterios establecidos en el artículo 33 del presente Reglamento, procurándose diversificar su extensión superficial en orden a favorecer el número y la diversidad de los agentes urbanizadores y, en general, de la actuación urbanizadora.

5. Asimismo, el planeamiento urbanístico deberá contener la delimitación de unidades de actuación por obras públicas ordinarias cuando la realización de éstas sea condición de la atribución de nuevos aprovechamientos lucrativos.

1. El área de reparto es la superficie de suelo urbano (SU) o suelo urbanizable (SUB) comprensiva de los terrenos para los que el planeamiento urbanístico establece un mismo aprovechamiento medio, sobre la base de una ponderación de los usos y las edificabilidades atribuidos a aquéllos, por encontrarse en circunstancias urbanísticas semejantes.

1. La delimitación de las áreas de reparto deberá responder a criterios objetivos de carácter funcional, urbanístico o, incluso, geográfico que permitan configurar espacios urbanos racionales y coherentes.

Las áreas de reparto que se delimiten en suelo urbanizable (SUB) deberán comprender:

1. Uno o varios sectores completos; y

2. La superficie de terrenos destinados a sistemas generales no incluidos en ningún sector, incluso si su localización no guarda continuidad territorial con ellos, que sea precisa para que todas las áreas de reparto correspondientes a un mismo uso global o pormenorizado mayoritario resulten tener un aprovechamiento medio que no difiera en más de un 15%.

1. Las áreas de reparto que se delimiten en suelo urbano (SU) deberán comprender una o varias unidades de actuación, pudiendo adscribirse a ellas terrenos destinados a sistemas generales no incluidos en ninguna, incluso si su localización no guarda continuidad territorial con ellas, en la proporción adecuada para posibilitar que todas las áreas de reparto correspondientes a un mismo uso global o pormenorizado mayoritario resulten tener un aprovechamiento medio que no difiera en más de un 15%.

2. En el suelo urbano consolidado (SUC), y en el no consolidado (SUNC) que se ejecute mediante unidades de actuación discontinua no procederá la delimitación de áreas de reparto, constituyendo cada solar el ámbito espacial de atribución del aprovechamiento, concretamente en términos de aprovechamiento objetivo.

3. Los terrenos de suelo urbano (SU) con destino dotacional público y no incluidos en unidades de actuación urbanizadora, a los que el planeamiento urbanístico no atribuya un aprovechamiento objetivo concreto, se entenderá que tienen el asignado por la ponencia catastral del polígono fiscal correspondiente y, en caso de inexistencia o pérdida de vigencia de ésta, el resultante de la aplicación de un cálculo estimativo de la edificabilidad preexistente correspondiente al uso global de las parcelas más representativas de la Zona de Ordenación en la que se ubiquen los terrenos, considerando preferentemente las construcciones de mayor antigüedad e interés histórico existentes y sin que en ningún caso quepa utilizar para este cálculo parcelas de edificabilidad excepcionalmente intensa.

1. El Plan General Municipal fijará, mediante coeficientes unitarios de edificabilidad, el aprovechamiento medio correspondiente a cada área de reparto que explícitamente delimite.

2. Para calcular el aprovechamiento medio se dividirá el aprovechamiento objetivo total del área de reparto entre la superficie de ésta, excluida la del terreno dotacional público existente ya afectado a su destino.

El aprovechamiento objetivo de una zona de ordenación urbanística preexistente podrá determinarse estimativamente mediante aproximación estadística rigurosa, a través de una muestra significativa de parcelas, calculando el aprovechamiento medio preexistente y el incremento que, en su caso, el planeamiento le atribuya. En ningún caso se considerarán las parcelas dotadas de edificabilidad excepcionalmente intensa.

3. Para el cálculo del aprovechamiento medio del área de reparto serán de aplicación los siguientes coeficientes de ponderación:

1º Coeficientes de referencia definidos en el planeamiento.

A) Cuando el Plan General Municipal prevea, dentro de un área de reparto, usos globales o tipologías edificatorias, incluidos los relativos a vivienda sujeta a protección pública, que puedan dar lugar, por unidad de edificación, a rendimientos económicos muy diferentes, en el cálculo del aprovechamiento medio podrán utilizarse coeficientes correctores de ponderación, a fin de compensar las diferencias de rentabilidad económica resultante.

B) A falta de coeficientes diferenciados, determinados rigurosamente en función de las diversas circunstancias urbanísticas que definan cada actuación, se utilizarán los valores relativos de repercusión de los terrenos para lograr la finalidad compensatoria entre los diferentes aprovechamientos que la fijación de coeficientes debe perseguir, determinados en un estudio de mercado realizado con la solvencia técnica necesaria para garantizar sus resultados.

2º Coeficientes concretos y actualizados definidos en la reparcelación.

Para garantizar la equitativa distribución de los usos y edificabilidades en el momento de la ejecución del planeamiento, en el proyecto de reparcelación correspondiente se podrán disponer, en el marco de los coeficientes de referencia definidos en el planeamiento, coeficientes de ponderación concretos y actualizados, aplicados a cada uno de los productos inmobiliarios definidos en la ordenación detallada correspondiente al Programa de Ejecución aprobado. Para ello y siempre que este Programa mantuviera el uso global que el planeamiento municipal tuviera atribuido al ámbito de la actuación, se aplicarán a la superficie edificable correspondiente a cada uno de los diferentes usos y tipologías que el Programa haya determinado, los coeficientes de ponderación relativos derivados de los respectivos valores de repercusión, procediéndose, ulteriormente, a la adjudicación de los aprovechamientos así ponderados y actualizados a los diferentes adjudicatarios en la operación reparcelatoria, de acuerdo con sus respectivos derechos.

En el caso previsto en el párrafo anterior, los coeficientes de ponderación tendrán la consideración de determinaciones condicionantes del contenido del proyecto de reparcelación y se tramitarán, para su aprobación, de manera conjunta con éste.

1. Con la finalidad de la obtención gratuita por el Ayuntamiento de los suelos dotacionales a que se refiere el apartado 3 del artículo 27 del presente Reglamento, el Plan General Municipal podrá disponer para determinar el cálculo del aprovechamiento medio que se realice, en el suelo urbano no consolidado (SUNC) a que se refiere el apartado 2 del artículo 37 del presente Reglamento, de la forma siguiente:

1º) Coeficiente Reductor: en relación con lo expresado en el artículo 34.3 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, será igual para todos los terrenos comprendidos en áreas con la misma proporción de incremento de edificabilidad lucrativa ubicados en cada Zona de Ordenación Urbanística. El cálculo del referido coeficiente se determinará deduciendo de la unidad la relación entre la superficie de las reservas dotacionales a que se refiere el apartado 3 del artículo 27 del presente Reglamento, partido por el aprovechamiento objetivo total de la Zona de Ordenación Urbanística, a las que el planeamiento les atribuya un incremento de edificabilidad sobre la preexistente.

2º) El aprovechamiento medio de cada parcela en la que se produzca un incremento de edificabilidad será el producto del coeficiente obtenido conforme a lo dispuesto en apartado anterior por el aprovechamiento objetivo total atribuido a la parcela.

2. La materialización, en su caso, de la cuota de aprovechamiento correspondiente a la cesión dotacional tendrá lugar mediante transferencia de aprovechamiento, de reserva o reservas de aprovechamiento o compensación monetaria sustitutiva en los términos legalmente determinados.

Artículo 40. Planes Generales Municipales: función

Artículo 41. Determinaciones de los Planes Generales Municipales

Artículo 42. Documentación de los Planes Generales Municipales

Artículo 43. Memoria informativa y justificativa

Artículo 44. Planos de información

Artículo 45. Normas urbanísticas

Artículo 46. Normas urbanísticas generales reguladoras de las características de los diferentes usos del suelo y de las edificaciones

Artículo 47. Normas urbanísticas reguladoras de la ordenación del suelo no urbanizable (SNU)

Artículo 48. Normas urbanísticas reguladoras de la ordenación del suelo urbano (SU)

Artículo 49. Normas urbanísticas reguladoras de la ordenación del suelo urbanizable

Artículo 50. Catálogo de bienes protegidos que forme parte integrante del Plan General Municipal

Artículo 51. Planos de ordenación

Artículo 52. Planes Parciales de Ordenación: función

Artículo 53. Clases de Planes Parciales de Ordenación

Artículo 54. Ámbito de los Planes Parciales de Ordenación

Artículo 55. Determinaciones de los Planes Parciales de Ordenación

Artículo 56. Documentación de los Planes Parciales de Ordenación

Artículo 57. Memoria Informativa y Justificativa

Artículo 58. Planos de información

Artículo 59. Normas Urbanísticas

Artículo 60. Catálogo de Bienes Protegidos que forme parte integrante de los Planes Parciales de Ordenación

Artículo 61. Planos de Ordenación

Artículo 62. Documentación adicional de los Planes Parciales de Ordenación de Mejora

Artículo 63. Planes Especiales de Reforma Interior: función

Artículo 64. Clases de Planes Especiales de Reforma Interior

Artículo 65. Ámbito de los Planes Especial de Reforma Interior

Artículo 66. Determinaciones de los Planes Especiales de Reforma Interior

Artículo 67. Límites de la modificación de la ordenación estructural por los Planes Especiales de Reforma Interior de Mejora

Artículo 68. Documentación de los Planes Especiales de Reforma Interior

Artículo 69. Memoria de los Planes Especiales de Reforma Interior

Artículo 70. Planos de información

Artículo 71. Normas urbanísticas

Artículo 72. Catálogo de Bienes Protegidos que forme parte de los Planes Especiales de Reforma Interior

Artículo 73. Planos de ordenación

Artículo 74. Documentación adicional de los Planes Especiales de Reforma Interior de Mejora

Artículo 75. Planes Especiales de Ordenación: función

Artículo 76. Clases de Planes Especiales de Ordenación

Artículo 77. Determinaciones de los Planes Especiales de Ordenación

Artículo 78. Determinaciones específicas de los Planes Especiales de Ordenación de creación y ampliación de reservas de suelo dotacional

Artículo 79. Determinaciones específicas de los Planes Especiales de Ordenación de definición o protección de infraestructuras y vías de comunicación

Artículo 80. Determinaciones específicas de los Planes Especiales de Ordenación de definición o protección del paisaje o el medio natural

Artículo 81. Determinaciones específicas de los Planes Especiales de Ordenación, protección y conservación de inmuebles, conjuntos o jardines de interés cultural o arquitectónico

Artículo 82. Determinaciones específicas de los Planes Especiales de Ordenación de definición del trazado y funcionamiento de las redes de infraestructuras

Artículo 83. Determinaciones específicas de los Planes Especiales de Ordenación de vinculación de áreas o parcelas o solares a la construcción o rehabilitación de viviendas u otros usos sociales sometidos a algún régimen de protección oficial o pública

Artículo 84. Documentación de los Planes Especiales de Ordenación

Artículo 85. Catálogos de Bienes Protegidos: función

Artículo 86. Relación de los Catálogos con otros instrumentos de ordenación urbanística

Artículo 87. Determinaciones de los Catálogos de Bienes Protegidos

Artículo 88. Niveles de protección de los Catálogos de Bienes Protegidos

Artículo 89. Documentación de los Catálogos de Bienes Protegidos

Artículo 90. Registro de bienes catalogados

Artículo 91. Estudios de Detalle: función

Artículo 92. Límites de los Estudios de Detalle

Artículo 93. Definición de Manzana y Unidad Urbana Equivalente completa

Artículo 94. Documentación de los Estudios de Detalle

Artículo 95. Criterios de Ordenación Urbanística: función

Artículo 96. Determinaciones de los Criterios de Ordenación Urbanística

Artículo 97. Eficacia de los Criterios de Ordenación Urbanística

Artículo 98. Documentación de los Criterios de Ordenación Urbanística

Artículo 99. Ordenanzas Municipales de Policía de la Edificación y de la Urbanización

Cuando así sea necesario para garantizar la efectividad de un instrumento de ordenación del territorio cuya elaboración se acuerde o esté acordada, la Vicepresidencia de la Junta de Extremadura, previa propuesta de la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio efectuada a la vista del informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio y del resultado de la audiencia al Municipio o Municipios afectados por plazo mínimo de quince días, podrá suspender cualquier Plan, en todo o parte de su contenido y en todo o parte de su ámbito territorial, en la forma y con los efectos que se determinen, con dictado, en todo caso, de las normas sustantivas de ordenación aplicables transitoriamente en sustitución de las suspendidas, las cuales se tramitarán y aprobarán de acuerdo con lo previsto por el apartado 4 del artículo 107 del presente Reglamento. La suspensión regirá hasta la aprobación definitiva y entrada en vigor del instrumento de ordenación del territorio y nunca por tiempo superior a dos años.

1. La formulación de las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura será acordada por la Junta de Extremadura a propuesta de su Vicepresidencia y a iniciativa de la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio.

2. El acuerdo de formulación será motivado, expresando objetivos y plazo para su redacción, cuya dirección técnica corresponderá a la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio. Dicho acuerdo, que revestirá la forma de Decreto, se publicará en el «Diario Oficial de Extremadura».

3. En el procedimiento de elaboración de las Directrices de Ordenación Territorial deberá asegurarse la intervención y participación de las Administraciones y entidades públicas afectadas por razón de su competencia.

Asimismo, con carácter previo a su elaboración completa, deberá formularse un Avance con el siguiente contenido:

a) Memoria Informativa que comprenda el diagnóstico del territorio, estableciendo los criterios generales y objetivos a alcanzar, definiendo los esquemas previos de articulación territorial y las medidas generales encaminadas a la satisfacción de los fines marcados.

b) Documentación gráfica, a escala adecuada, expresiva de las determinaciones informativas que comporten afección física en el territorio.

1. Una vez elaborado el avance de las Directrices de Ordenación Territorial y aprobado que fuere por la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, se someterá a información pública por plazo no inferior a dos meses, mediante inserción de anuncios en el «Diario Oficial de Extremadura» y en dos periódicos de amplia difusión en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a los efectos de formulación de alegaciones, sugerencias y alternativas por parte de los particulares y entidades públicas y privadas interesadas.

2. Concluido el período de información pública y tras el análisis, valoración y asunción total o parcial de sus resultados, la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio procederá a la elaboración del Anteproyecto de Directrices de Ordenación Territorial, con la documentación expresiva de las determinaciones expresadas en el artículo 11 del presente Reglamento.

3. Previo informe preceptivo y no vinculante de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio resolverá sobre la aprobación del Anteproyecto, elevándolo, en su caso y a través de la Vicepresidencia de la Junta de Extremadura, al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura a los efectos de su aprobación como proyecto y ulterior remisión a la Asamblea de Extremadura, quien procederá a su aprobación definitiva de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Asamblea de Extremadura.

1. La tramitación de los Planes Territoriales se iniciará por acuerdo de la Junta de Extremadura, a propuesta de su Vicepresidencia y a iniciativa de la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio.

2. Con carácter previo a la elevación de la propuesta referida, la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio dará audiencia a las Corporaciones Locales cuyo territorio quede total o parcialmente comprendido en el ámbito del Plan Territorial.

3. La formulación del Plan Territorial se acordará por la Junta de Extremadura a propuesta de su Vicepresidencia adoptada a iniciativa de la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio y mediante acuerdo motivado, que habrá de publicarse en el «Diario Oficial de Extremadura», debiendo expresarse los objetivos que persiga satisfacer y los plazos máximos para su elaboración.

4. Corresponderá a la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio la dirección técnica para la elaboración de los Planes Territoriales, debiendo garantizarse durante la misma la participación de todas las Administraciones Públicas afectadas por aquéllos y, en particular, de los Ayuntamientos incluidos en su ámbito territorial.

1. A la vista del resultado de la consulta realizada con carácter previo al acuerdo de formulación de los Planes Territoriales a las Corporaciones Locales afectadas, se procederá a la elaboración del mismo.

2. Una vez culminados los trabajos de redacción de los Planes Territoriales con el contenido y determinaciones comprendidas en el artículo 17 del presente Reglamento, la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio procederá a su aprobación inicial, exponiéndose al público durante dos meses como mínimo, mediante inserción de anuncios en el «Diario Oficial de Extremadura» y en dos periódicos de amplia difusión en la Comunidad Autónoma, a efectos de formulación de sugerencias y propuestas alternativas y, en su caso, exposición de objeciones y reclamaciones por parte de asociaciones, particulares y demás entidades públicas o privadas que no hubieran contribuido a su elaboración.

3. Concluido el período de información pública, la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio valorará cuantas sugerencias, alternativas y reclamaciones se hubieran formulado, introduciendo las rectificaciones que estime procedentes y, a través de la Vicepresidencia de la Junta de Extremadura y previo informe preceptivo y no vinculante de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, elevará el plan a la consideración del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para su examen y, en su caso, aprobación definitiva, mediante Decreto, que deberá ser publicado en el «Diario Oficial de Extremadura».

1. Podrán elaborar y promover Proyectos de Interés Regional ante la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio:

a) Las Administraciones Públicas, sus Organismos Autónomos y cualesquiera otras organizaciones descentralizadas de ellas dependientes así como las sociedades cuyo capital les pertenezca íntegra o mayoritariamente, siempre que, en este último caso, la urbanización y la edificación formen parte de su objeto social.

b) Las personas privadas, físicas o jurídicas.

2. En caso de iniciativa privada, el promotor, ya sea persona física o jurídica, deberá solicitar ante la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio la Declaración de Interés Regional que el artículo 62 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura exige con carácter previo y como condición a la tramitación del Proyecto de Interés Regional.

1. La solicitud de Proyecto de Interés Regional que presenten los particulares se habrá de acompañar de los documentos expresivos de las determinaciones previstas en las letras a), b), c) y d) del apartado 1 del artículo 21 del presente Reglamento.

2. Una vez presentada la solicitud referida, la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio deberá dar audiencia a los Municipios afectados por el Proyecto de Interés Regional, por un período mínimo de diez días.

3. La Junta de Extremadura deberá resolver en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud correspondiente. El transcurso de dicho plazo sin notificación de resolución expresa habilitará para entender desestimada la solicitud de Declaración de Interés Regional.

4. Una vez obtenida la Declaración de Interés Regional, se elaborará el Proyecto de Interés Regional correspondiente con el contenido y determinaciones expresadas en los artículos 21 y 22 del presente Reglamento y se presentará ante la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio para que, por medio de su Presidencia, resuelva sobre su aprobación inicial.

1. Una vez se produzca la aprobación inicial, la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, procederá a someter de forma inmediata a información pública el Proyecto de Interés Regional durante el plazo de un mes, mediante anuncio en el «Diario Oficial de Extremadura» y al menos en uno de los periódicos de mayor difusión de ésta.

2. Simultáneamente y por el mismo plazo previsto en el número anterior, se dará audiencia al Municipio o Municipios afectados, cuando éstos no sean los promotores del Proyecto. Durante el tiempo de duración del trámite de información pública y audiencia, la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio podrá acordar y practicar, incluso de oficio, la realización de cuantas actuaciones de investigación y determinación de hechos y datos considere que pueden aportar elementos de juicio relevantes para la resolución.

3. La Junta de Extremadura, a la vista de las alegaciones e informes presentados en el período de información pública y audiencia y de las demás actuaciones practicadas, a propuesta de su Vicepresidencia, a iniciativa de la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio y previo informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial de Extremadura, aprobará definitivamente el Proyecto de Interés Regional, si procede.

4. El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el «Diario Oficial de Extremadura».

1. Los órganos administrativos competentes para la aprobación inicial de los planes de ordenación urbanística podrán acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición para áreas o usos determinados, con el fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística vigente.

2. El acuerdo de la Administración por el que se somete a información pública un Plan o Programa determinará, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del proyecto de planeamiento expuesto al público, cuyas nuevas determinaciones supongan innovación del régimen urbanístico vigente, sin que sea preciso ni exigible que dicha resolución señale expresamente las áreas afectadas por la suspensión.

3. La suspensión a que se refiere el número 1 del presente artículo se extinguirá, en todo caso, por el transcurso del plazo de un año. Si se hubiera producido dentro de ese plazo la publicación del acuerdo de sometimiento a información pública, la suspensión se mantendrá para las áreas cuyas nuevas determinaciones de planeamiento supongan innovación de la ordenación urbanística y sus efectos se extinguirán definitivamente transcurridos como máximo dos años desde el acuerdo de suspensión adoptado para facilitar el estudio del planeamiento o su reforma. Si la publicación del acuerdo de sometimiento a información pública se produce una vez transcurrido el plazo del año, la nueva suspensión tendrá también la duración máxima de un año.

4. Si con anterioridad a la publicación del acuerdo de sometimiento a información pública no se hubiese suspendido el otorgamiento de licencias conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la suspensión tendrá una duración máxima de dos años.

5. En cualquier caso, la suspensión se extingue con la entrada en vigor del planeamiento.

6. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la suspensión tendrán derecho a ser indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución de los tributos y cargas satisfechas a causa de la solicitud, siempre que ésta fuera conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento en que fue efectuada y resultara denegada por incompatibilidad con el nuevo planeamiento. Sólo en los casos previstos en las Leyes procederá, además, la indemnización por los perjuicios irrogados por la alteración de planeamiento.

7. Extinguidos los efectos de la suspensión en cualquiera de los supuestos previstos, no podrán acordarse nuevas suspensiones en el plazo de cinco años por idéntica finalidad y sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente.

No se entenderá con idéntica finalidad la redacción de un instrumento de ordenación urbanística o su innovación, con distinta naturaleza que el que motivó la primera suspensión.

8. La suspensión de licencias implicará, también, la de la aprobación de nuevos Programas de Ejecución en la zona afectada. Los Programas ya aprobados y aún vigentes, antes de la suspensión de las licencias, no se verán afectados por ésta, salvo que, al acordarla, así se haga constar expresamente, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto para la tramitación propia de los Planes Generales Municipales en la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y en el presente Reglamento, podrán formularse Avances de Planeamiento de cualquier instrumento de ordenación urbanística, cuya instrucción de los procedimientos para su aprobación no estará sujeta a trámites predeterminados, ni siquiera al de información pública.

2. En cualquier caso, la aprobación de los avances sólo tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la elaboración o formulación del correspondiente plan de ordenación urbanística.

Artículo 118. Avances de Planeamiento

Artículo 119. Concertación previa del Avance del Plan General Municipal con los Municipios colindantes

Artículo 120. Concertación potestativa previa del Avance del Plan General Municipal con la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio

Artículo 121. Aprobación inicial de los Planes Generales Municipales

Artículo 122. Aprobación provisional de los Planes Generales Municipales

Artículo 123. Aprobación definitiva de los Planes Generales Municipales

1. Corresponde a las Administraciones públicas, de oficio, la promoción y tramitación para, en su caso, instar la aprobación definitiva de Planes Parciales de Ordenación cuando se realicen con independencia y anterioridad respecto de los Programas de Ejecución.

Los particulares sólo pueden promover estos Planes Parciales de Ordenación cuando formen parte de un Programa de Ejecución.

2. Presentada la documentación completa establecida en el artículo 56 del presente Reglamento y admitida a trámite por la Administración competente, antes de la aprobación inicial y dentro del mes siguiente, sólo podrá formularse un solo requerimiento de subsanación de eventuales deficiencias, suspendiéndose el transcurso del plazo máximo para resolver.

3. Aprobado inicialmente el Plan Parcial de Ordenación por la Administración promotora, se someterá a información pública por un período mínimo de un mes, mediante anuncio en el «Diario Oficial de Extremadura» y en un diario no oficial de amplia difusión en el Municipio, debiendo respetarse las siguientes reglas:

1º Durante el período de información pública, el proyecto diligenciado del Plan Parcial deberá encontrarse depositado, para su consulta pública, en la sede de la Administración actuante.

2º Cuando el Plan comprenda terrenos contiguos a los pertenecientes al término de otro u otros Municipios, será preceptiva la concertación previa con ellos en los términos prescritos en el artículo 119.

3º El acuerdo de sometimiento a información pública, con indicación de la duración y objeto, se notificará a cuantos figuren en el catastro como propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito afectado por el Plan Parcial para que el trámite surta los efectos propios de audiencia. La notificación se practicará siempre en el domicilio fiscal que figure en el catastro. Se exceptúan de esta regla los Planes Parciales que formen parte de Programas de Ejecución, en cuyo caso se estará al procedimiento correspondiente.

4º Durante el período de información pública se habrán de requerir y evacuar informes de los órganos y entidades administrativos gestores de intereses públicos afectados, cuando estén previstos legalmente como preceptivos. La no emisión en plazo de los informes o dictámenes, no interrumpirá la tramitación para la aprobación del Plan Parcial.

1. La introducción de cambios en el Plan Parcial en tramitación, como consecuencia del resultado del trámite de información pública, no dará lugar a nueva celebración de este trámite ni aun si aquellos cambios fueran sustanciales.

No obstante, en el caso de los Planes Parciales de Ordenación que no formen parte de un Programa de Ejecución, deberá otorgarse audiencia por plazo de quince días a cuantos propietarios o titulares de derechos resulten directamente afectados por las modificaciones introducidas, mediante notificación individual en el domicilio señalado a tal efecto a los que hubieran comparecido en el procedimiento y en el domicilio fiscal que conste en el Catastro a todos los restantes.

2. Corresponde al Municipio la aprobación definitiva, conforme a la letra b del apartado 1.2 del artículo 76 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. En los Municipios con población de derecho inferior a 10.000 habitantes, será preceptiva la emisión previa, en el plazo de un mes, de informe de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio. Este informe versará sobre cualesquiera aspectos de legalidad, respecto de los que será vinculante, y las cuestiones de oportunidad urbanísticas que sean procedentes en relación con las determinaciones de la ordenación estructural.

3. El plazo máximo para resolver sobre la aprobación definitiva será de seis meses. Transcurrido el plazo sin notificación de resolución expresa, la Administración que hubiera interesado aquélla podrá entenderla desestimada.

1. Corresponde a las Administraciones públicas, de oficio, la promoción y tramitación para, en su caso, instar la aprobación definitiva de Planes Especiales de Ordenación cuando se realicen con independencia y anterioridad respecto de los Programas de Ejecución o de las Actuaciones de Rehabilitación Integrada.

Los particulares sólo pueden promover estos Planes Especiales de Ordenación cuando formen parte de un Programa de Ejecución o acompañen a una Actuación de Rehabilitación Integrada.

2. Presentada la documentación completa establecida en los artículos 68 y 84 del presente Reglamento y admitida a trámite por la Administración competente, antes de la aprobación inicial y dentro del mes siguiente, sólo podrá formularse un solo requerimiento de subsanación de eventuales deficiencias, suspendiéndose el transcurso del plazo máximo para resolver.

3. Aprobado inicialmente el Plan Especial de Ordenación por la Administración promotora, se someterá a información pública por un período mínimo de un mes, mediante anuncio en el «Diario Oficial de Extremadura» y en un diario no oficial de amplia difusión en el Municipio, debiendo respetarse las siguientes reglas:

1º Durante el período de información pública, el proyecto diligenciado del Plan Especial deberá encontrarse depositado, para su consulta pública, en la sede de la Administración actuante.

2º En el caso de un Plan Especial de Ordenación que comporte reclasificación de suelo en los términos previstos en el artículo 67.2 del presente Reglamento, junto con dicho plan se someterá a información pública el estudio medioambiental elaborado conforme a su legislación reguladora.

3º Cuando el Plan comprenda terrenos contiguos a los pertenecientes al término de otro u otros Municipios, será preceptiva la concertación previa con ellos en los términos prescritos en el artículo 119 del presente Reglamento.

4º El acuerdo de sometimiento a información pública, con indicación de la duración y objeto, se notificará a cuantos figuren en el catastro como propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito afectado por el Plan Especial de Ordenación para que el trámite surta los efectos propios de audiencia. La notificación se practicará siempre en el domicilio fiscal que figure en el catastro. Se exceptúan de esta regla los Planes Especiales que formen parte de Programas de Ejecución o acompañen a Actuaciones de Rehabilitación Integrada, en cuyo caso se estará al procedimiento correspondiente.

5º Durante el período de información pública se habrán de requerir y evacuar informes de los órganos y entidades administrativos gestores de intereses públicos afectados, cuando estén previstos legalmente como preceptivos. La no emisión en plazo de los informes o dictámenes no interrumpirá la tramitación para la aprobación del Plan Especial de Ordenación.

1. No será necesario reiterar el período de información pública, aun cuando, a la vista de las alegaciones e informes presentados durante la misma, la Administración promotora decidiese introducir cambios, incluso sustanciales, en la ordenación prevista en el Plan Especial de Ordenación. No obstante, excepto cuando el Plan forme parte de un Programa de Ejecución o acompañe a una Actuación de Rehabilitación Integrada, deberá otorgarse audiencia durante quince días, con carácter previo a su aprobación definitiva, a cuantos propietarios o titulares de derechos resulten directamente afectados, mediante notificación individual en el domicilio señalado a tal efecto a los que hubieran comparecido en el procedimiento y en el domicilio fiscal que conste en el Catastro a todos los restantes.

2. Una vez finalizados los trámites anteriores, la Administración promotora procederá a la aprobación provisional del Plan Especial de Ordenación.

3. La aprobación definitiva de los Planes Especiales de Ordenación corresponde:

a) A los Municipios cuando se trate de Planes Especiales de Ordenación de ámbito municipal, siempre que no afecten a la ordenación estructural y su objeto propio sea de interés exclusivamente municipal.

b) A la Comunidad Autónoma de Extremadura cuando se trate de Planes Especiales de Ordenación de ámbito supramunicipal, cuando afecten a la ordenación estructural del Plan General Municipal o cuando su objeto sea de competencia autonómica.

4. La Administración competente, a la vista del resultado de los trámites previstos en los artículos anteriores, resolverá la aprobación definitiva de los Planes Especiales de Ordenación.

En los planes con aprobación definitiva municipal, será preceptivo el informe previo de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio cuando el Municipio cuente con una población de derecho inferior a 10.000 habitantes. Este informe versará sobre cualesquiera aspectos de legalidad, respecto de los que será vinculante, así como sobre las cuestiones de oportunidad urbanísticas que sean procedentes en relación con las determinaciones de la ordenación estructural. Transcurridos dos meses desde la comunicación de su petición, se entenderá emitido en sentido favorable.

5. El plazo máximo para resolver sobre la aprobación definitiva será de seis meses cuando la aprobación provisional sea, además, definitiva, y de cuatro meses a contar desde que el expediente completo tuviere entrada en el registro de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio cuando la aprobación definitiva sea de la competencia de la Comunidad Autónoma. Transcurrido el plazo sin notificación de resolución expresa, ésta podrá entenderse desestimada a los efectos que fueren procedentes y, en todo caso, a los prevenidos en el artículo 77.3 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura cuando la aprobación definitiva correspondiere a la Administración Municipal.

1. Corresponde tanto a la Administración como a los particulares la promoción mediante la elaboración de los Estudios de Detalle.

2. La tramitación y aprobación de los Estudios de Detalle se realizará por el mismo procedimiento que se establece en los Planes Parciales de Ordenación, salvo en cuanto al sentido del silencio administrativo, que será positivo.

Los Criterios de Ordenación Urbanística, se elaboran y se aprueban por la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, previo informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura y demás trámites que fueren procedentes de conformidad con la legislación en materia de ordenación territorial y con la reguladora de la formulación y aprobación de disposiciones de carácter general. Para que los modelos de regulación que eventualmente contengan, de conformidad con lo dispuesto en el número 4 del artículo 96 del presente Reglamento, tengan carácter vinculante como normas de directa aplicación en Municipios que no cuenten en el Plan General Municipal, deberá darse audiencia a los Municipios afectados por el plazo de 30 días.

Artículo 130. Procedimiento para la aprobación de las innovaciones en los instrumentos de ordenación territorial

Artículo 131. Procedimiento para la aprobación de las innovaciones en los instrumentos de ordenación urbanística

Artículo 132. Especialidades en la tramitación de las modificaciones del Plan General Municipal por los instrumentos de ordenación urbanística

1. Cuando razones de urgencia o de excepcional interés público exijan la adaptación de los planes de ordenación urbanística a los instrumentos de ordenación del territorio, la Junta de Extremadura, mediante Decreto adoptado a propuesta de su Vicepresidencia y a iniciativa de la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio previa audiencia del o de los Municipios afectados, podrá disponer el deber de proceder a la revisión de cualesquiera instrumentos de ordenación urbanística, fijando a las entidades municipales plazos máximos adecuados al efecto y para la adopción de cuantas medidas sean pertinentes.

2. El mero transcurso de los plazos así fijados sin que se hayan llegado a iniciar los correspondientes procedimientos habilitará a la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio a proceder a la revisión omitida, en sustitución de los Municipios correspondientes por incumplimiento de sus deberes, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley General 7/1985, de 2 de abril (RCL 1985, 799, 1372; ApNDL 205) , Reguladora de las Bases del Régimen Local.

3. La tramitación urgente de los instrumentos de ordenación urbanística se ceñirá al siguiente procedimiento:

a) En su caso, se acordará la suspensión de licencias y de acuerdos de programación en los términos previstos por el artículo 116 del presente Reglamento.

b) En el plazo de los seis meses siguientes a la adopción del acuerdo de suspensión, la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio deberá aprobar inicialmente el instrumento de ordenación correspondiente, limitando su contenido a las determinaciones precisas para ordenar su desarrollo y ejecución a corto y medio plazo, sometiéndolo simultáneamente, mediante anuncio publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» y por plazo de veinte días, a los trámites de información pública y audiencia del o de los Municipios afectados.

c) En la solicitud de informes y dictámenes se hará constar la declaración de urgencia.

d) Una vez finalizados los trámites de información pública y audiencia, y examinadas las alegaciones formuladas, la Presidencia de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio resolverá sobre la aprobación definitiva del instrumento de ordenación urbanística correspondiente previo informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

e) Una vez aprobado definitivamente el plan, su desarrollo, su ejecución y su innovación se regirán por las reglas competenciales y procedimentales ordinarias.

1. Las Directrices de Ordenación Territorial se publicarán en el «Diario Oficial de Extremadura».

2. Las Directrices de Ordenación Territorial tendrán vigencia indefinida.

3. Las Directrices de Ordenación Territorial vincularán en los términos previstos en el presente Reglamento a las distintas Administraciones Públicas, así como a cualquier persona física o jurídica.

1. Los Planes Territoriales se publicarán en el «Diario Oficial de Extremadura» mediante Decreto.

2. Los Planes Territoriales entrarán en vigor con la publicación del Decreto que los apruebe y tendrán vigencia indefinida, debiendo observarse para su revisión y modificación los mismos trámites que para su aprobación.

3. Una vez aprobados los Planes Territoriales serán inmediatamente ejecutivos con las siguientes particularidades:

a) Los Planes Territoriales tendrán carácter vinculante para las distintas Administraciones públicas, así como para cualquier persona física o jurídica en los términos establecidos en el artículo 17 del presente Reglamento.

b) Los Planes Territoriales vincularán a los planes urbanísticos en los términos establecidos en el artículo 17 del presente Reglamento.

c) La aprobación de los Planes Territoriales implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres.

1. Los Proyectos de Interés Regional se publicarán en el «Diario Oficial de Extremadura».

2. Los Proyectos de Interés Regional tendrán vigencia indefinida, salvo que el suelo afectado pertenezca a la clase de suelo no urbanizable, en cuyo caso la vigencia de la aprobación del Proyecto de Interés Regional estará limitada al plazo de duración de la calificación urbanística otorgada.

3. La aprobación de los Proyectos de Interés Regional producirá los efectos propios de la aprobación de los planes urbanísticos previstos en el artículo 137 del presente Reglamento.

1. Se publicarán, con indicación de haberse efectuado el depósito del correspondiente instrumento de planeamiento en el Registro referido en la letra f) del apartado 1 del artículo 79 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura:

a) En el «Diario Oficial de Extremadura» y por disposición del órgano que los haya adoptado, los acuerdos de aprobación, para la eficacia y la producción por los correspondientes planes de ordenación urbanística de los efectos a que se refiere el apartado 2 de este artículo.

b) En el Boletín Oficial de la Provincia y por disposición del Municipio correspondiente, el contenido de los planes de ordenación urbanística que se determine por la legislación sobre régimen local, para su entrada en vigor.

2. La aprobación de los planes de ordenación urbanística producirá los siguientes efectos:

1º La vinculación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones al destino que resulte de su clasificación y calificación y al régimen urbanístico que consecuentemente les sea de aplicación.

2º La declaración en situación de fuera de ordenación de las instalaciones, construcciones y edificaciones erigidas con anterioridad que resulten disconformes con la nueva ordenación, en los términos del plan de que se trate. A los efectos de la situación de fuera de ordenación, deberá distinguirse entre las instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con la nueva ordenación, en las que sólo se podrán autorizar obras de mera conservación; y las que sean sólo parcialmente incompatibles con aquélla, en las que se podrán autorizar las obras de mejora o reforma que se determinen.

En todo caso, se consideran totalmente incompatibles con la nueva ordenación y deberán ser identificadas en el plan las instalaciones, construcciones y edificaciones que ocupen suelo dotacional público e impidan la efectividad de su destino.

3º La obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por todos los sujetos, públicos y privados, siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación.

4º La ejecutividad de sus determinaciones a los efectos de la aplicación por la Administración pública de cualesquiera medios de ejecución forzosa.

5º La declaración de la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones correspondientes, cuando prevean obras públicas ordinarias o delimiten unidades de actuación para cuya ejecución sea precisa la expropiación. Se entenderán incluidos en todo caso los precisos para las conexiones exteriores con las redes, sistemas de infraestructuras y servicios generales.

6º La publicidad de su entero contenido, teniendo derecho cualquier persona a consultar su documentación.

No podrá excluirse del acceso de los ciudadanos y de la consulta por ellos de ninguno de los documentos integrantes de los instrumentos de planeamiento, ni aún a pretexto de trabajos que sobre ellos se estén realizando.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los Ayuntamientos deberán destinar un ejemplar completo de cada uno de los instrumentos de planeamiento exclusivamente a su consulta por los administrados. A dicho ejemplar se deberá incorporar testimonio de los acuerdos de aprobación inicial, provisional y definitiva, debiéndose extender, en los documentos integrantes del correspondiente instrumento de planeamiento, diligencia acreditativa de su aprobación definitiva.

La consulta se realizará en los locales que señale el Ayuntamiento a dicho efecto, los cuales deberán estarán abiertos al menos cuatro horas en todos los días hábiles. El horario deberá coincidir con el de despacho al público del resto de las oficinas municipales.

En la solicitud de consulta que se formule por escrito deberá identificarse la finca, polígono o sector, de manera que no puedan producirse dudas sobre su situación y demás circunstancias de hecho que resulten imprescindible para su identificación. La Administración municipal deberá, al evaluar la consulta, hacer referencia a todos los datos suministrados por el administrado y a cuantos otros sean necesarios para completar la Cédula Urbanística.

Los Municipios deberán llevar en todo caso un Libro Registro, debidamente autenticado, en el que se inscribirán todos los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, así como cuantas otras resoluciones administrativas y sentencias les afecten.

1. A los efectos de garantizar la publicidad de los instrumentos de ordenación urbanística, referida en el punto 6º del artículo anterior, en la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio un registro administrativo de los instrumentos de planeamiento urbanístico. El depósito de éstos, incluidas sus modificaciones y revisiones, será condición para su publicación.

2. Las copias de los documentos de los instrumentos de ordenación expedidas, con los debidos requisitos legales por el indicado registro, acreditan a todos los efectos legales el contenido de los mismos.

La vigencia de los Planes es indefinida.